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Publicidad Oficial, Propaganda e Información Pública en Venezuela

Miércoles, abril 6, 2011 2 comentarios

Una colega me envía un link de la página de Fundar Centro de Análisis e Investigación, una ONG en México que se dedica a la realización de estudios sobre políticas públicas y que promueve la participación ciudadana, la democracia y la transparencia a través de  estudios y monitoreos sobre publicidad oficial (PO). Voy al link y me dirige a un archivo en PDF que trata sobre  la PO y sus abusos. A pesar de ser un estudio basado en una investigación hecha en el país azteca, algunas consideraciones pude extraer del mismo, comparándolo a la situación en Venezuela.

De acuerdo al estudio, la publicidad oficial (PO), es entendida como “la forma más directa que tienen los gobiernos para comunicarse con la ciudadanía”. Indica además, que en democracia, es la forma en la que el conjunto de la nación es informada de los procesos, acciones y decisiones del gobierno en materia de políticas públicas y participación ciudadana.

Leyendo a profundidad no pude evitar hacerme cuestionamientos en cuanto al funcionamiento de la publicidad oficial en nuestro país. En principio, no creo que en Venezuela exista legislación alguna que regule la publicidad oficial, y si la hay, pues ya ven como no me doy cuenta: simplemente no se aplica, no se cumple.

Sería más que conveniente –casi imperativo- hacer un estudio basado en el país sobre lo que verdaderamente es publicidad oficial y lo que recae sobre propaganda, que sí es bastante y mayoritariamente partidista, personalista. No estamos descubriendo el agua tibia, ya estamos acostumbrados a ver cómo el Presidente y el partido de gobierno –que acaba siendo lo mismo- abusan de la imagen y la investidura para colocar cualquier tipo de parafernalia propagandística en instituciones, edificios gubernamentales, material pop (gorras, franelas, uniformes, afiches, etc.). Quien arregle una calle, avenida, refaccione un ambulatorio u hospital, téngalo por seguro, colocará una valla, pancarta, afiche, placa y pare de contar.

Es acá cuando nos percatamos de que en Venezuela, tal como lo afirma Luis Ugalde,  ex rector de la UCAB, existe una gran confusión y desbarajuste entre lo entendemos por Estado, gobierno y partido. Todo parece ser la misma cosa. Ergo, Chávez actúa como si fuera dueño del Estado y profeta del PSUV, debilitando la descentralización, la independencia de los poderes, erosionando las instituciones y consolidando la prédica del partido: “Una sola voz”.

PSUV

Toparse con este afiche en instituciones, organismos, ministerios, y demás entes del Estado es ya algo común. Foto: PSUV.

Pero no nos desviemos del tema. El gobierno venezolano utiliza la publicidad oficial -y propaganda- como herramienta para “negociar” la imposición de líneas editoriales y fomentar la autocensura. No es nada nuevo, pero sí tiene graves consecuencias sobre el desempeño de los medios y el ejercicio de las funciones de estos como entes reguladores de los procesos en democracia, la contraloría de gestión, la libertad de expresión y derechos a la información.

Andrés Izarra

Foto: cubadebate.cu

Es común en nuestro país ver cómo se emplea la publicidad oficial como moneda de cambio e instrumento de chantaje hacia empresas de comunicación: si estás con el gobierno, se te compra publicidad; si no, “ya tú sabes”.   Un ejemplo claro de este fenómeno lo dio en octubre pasado el Ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, cuando sentenció: “durante mi gestión, y mientras el presidente de la República delegue en mí la potestad de administrar los presupuestos del Estado, los medios golpistas no contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela para publicitar la gestión gubernamental”.

Lo anterior simplemente viene a validar el argumento de que el uso de la publicidad oficial en Venezuela es absolutamente discrecional por parte del gobierno, es “premio o castigo”. Y esto forma parte de una estrategia, de una metodología. El Estado reserva para sí el criterio de la creación de nuevos medios, los cuales operan casi en su totalidad con fondos de cuentas gubernamentales. De allí la adhesión, el clientelismo informativo y el auge de un monopolio mediático.

¿Cuál es el resultado?

Algunas instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro de Información y Comunicación de la UCAB han alertado ya sobre esta problemática.

En coincidencia, estas instituciones han identificado algunas prácticas irregulares por parte del gobierno, como es la segmentación de los fondos destinados a propaganda oficial entre medios que estadísticamente comparten líneas editoriales afectas a la gestión del presidente Chávez.

Adicionalmente, se recurre a la estigmatización y a marcar con letras escarlatas cuando ministros, gobernadores y alcaldes -actuando como déspotas- giran instrucciones expresas de no colocar publicidad oficial en tales y cuales medios al catalogarles como opositores, golpistas y apátridas, entre algunos epítetos.

Uno de los efectos más graves de esta situación es que el gasto por PO tiende a incrementarse exponencialmente a medida que se acercan las fechas a procesos eleccionarios. Bajo estas condiciones, el abuso es mayor: los recursos del Estado son flagrantemente usados en propaganda partidista, con el uso de bienes y horas trabajo de empleados públicos en campañas favorables a la gestión del primer mandatario.

El ventajismo, la desigualdad y aprovechamiento de los recursos estatales para beneficio personal-partidista ha indiscutiblemente socavado las bases de la democracia venezolana.

¿Cómo puede regularse la PO?

Lo más idóneo sería que exista una ley que regule la publicidad oficial. Particularmente no conozco de iniciativas en este sentido. Sin embargo, y entrando en el campo de la comunicación que me atañe, creo que muchos avances pueden hacerse desde el periodismo si existiesen leyes –y se respetaran- de acceso a la información pública. Serían menos los obstáculos para alcanzar información hasta ahora desconocida para muchos o mantenida en secreto.

La constitución venezolana prevé el derecho de todas las personas a la información, prohíbe cualquier tipo de limitaciones para la rendición de cuentas por parte de quienes ejercen funciones en organismos del Estado, prohíbe la censura, reconoce el derecho de los ciudadanos a elevar peticiones de información a funcionarios públicos sobre asuntos bajo su responsabilidad, determina el deber de los mismos a responder en forma oportuna y establece derechos de los ciudadanos a acceder a archivos, datos y registros administrativos y a ser informados por los funcionarios  sobre sus actuaciones (Artículos 57, 143, 51, 143).

Asimismo, la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP) contempla garantías en materia de acceso a la información pública. En su artículo 9 establece:

“Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los particulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley”

Actualmente, en entidades como Anzoátegui existen normas en las que se establecen parámetros o se reglamenta el acceso a la información pública.

¿Se cumple esto?

No pretendo decir acá que no se cumplen. Las experiencias son variopintas, por lo que me permito poner un ejemplo: El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) recibió la semana pasada una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a un recurso interpuesto contra el Presidente de la República por omisión a una solicitud de información realizada en agosto de 2008.

En la misma, Provea solicitaba al presidente Hugo Chávez información referente a los cambios en la cartera del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Después de analizar el caso, la Sala Político Administrativa del TSJ declaró sin lugar el recurso argumentando, entre otras cosas, que “lejos de perseguir la obtención de una información, Provea pretende cuestionar las políticas del gobierno“.

Me pregunto ahora si no es tarea de los ciudadanos cuestionar las políticas del gobierno o al menos procurar información referente a los motivos por los cuales en los siete años que tiene de creada la cartera de de Vivienda y Hábitat, esta ha tenido no menos de siete ministros.

Todos pasan por en Ministerio de Vivienda y Hábitat. Esto es lo que pude encontrar con respecto este despacho creado en 2005. De allí hasta el 2008 tuvo 7 titulares a la cabeza. Sólo en 2008 fueron nombrados 3 ministros. En 2009 es suprimido e integrado al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (MOPV) bajo la tutela de Diosdado Cabello. Luego, en 2010, es nuevamente desintegrado y dividido en dos ministerios: Vivienda y Hábitat y Transporte y Comunicaciones.  ¡EL PROPIO ARROZ CON MANGO! ¿Confundidos? He aquí algunos de los presumiblemente incompetentes ministros de Vivienda y Hábitat (en estricto orden de desfile):

Julio Montes (2005), Luis Carlos Figueroa (2006), Ramón Carrizales (2006-2008), Jorge Pérez Prado (ENERO 2008), Edith Gómez (MARZO 2008), Francisco Sesto (JUNIO 2008), Diosdado Cabello (2009 MOPV), Ricardo Antonio Molina (2010-).

Ahora me dirán ustedes si eran o no legítimas las preguntas de Provea a Chávez. ¿Debía responderlas?

¿Qué nos queda?

No desistir. Creo que siempre es de vital importancia mantenerse firme en la exigencia de los derechos, instando a los gobernantes a actuar en transparencia y en respeto a la Constitución y las leyes.

Más aún tomando en cuenta que Venezuela está por enfrentar en 2012 uno de los procesos más importantes de su historia contemporánea, en el que nuestro país se debate entre continuar por la senda del sofocante Socialismo del siglo XXI o dar paso a un futuro más prometedor. Hace falta más crítica, lucha, información y comunicación. Nuestro país no necesita más pesimistas.

JY.

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